Episodi

  • Respaldo ciudadano a la represión
    Feb 24 2026
    Ya sea por intuición, por vivencias personales o por una reflexión cuidadosa, las personas suelen tener una postura sobre cuándo es razonable o no el trato que los cuerpos de seguridad dan a las personas en conflicto con la ley o a sospechosos de haber cometido ilícitos. En el caso de El Salvador, dado el cansancio crónico ante la violencia, la criminalidad y la impunidad, las estrategias de seguridad pública altamente represivas de anteriores Gobiernos (como las políticas de mano dura, súper mano dura y las medidas extraordinarias de seguridad) fueron bien vistas por buena parte de los ciudadanos. ¿Son también populares estas acciones en el presente, en un momento en que la narrativa oficial declara que el nuestro es ahora uno de los países más seguros del mundo? Ese fue uno de los aspectos sobre los que se indagó en un reciente estudio sobre cultura democrática realizado por la UCA, el cual exploró, entre otros temas, la opinión de la ciudadanía ante frases que reflejan una preferencia por medidas drásticas contra delincuentes y personas sospechosas de serlo, incluso si dichas acciones vulneran derechos básicos. En dicho estudio, 36 de cada 100 salvadoreños dijeron estar de acuerdo con que las autoridades torturen a los sospechosos para obtener información; a 39 de cada 100 les parece aceptable que las personas detenidas en las cárceles pierdan todos sus derechos; 41 de cada 100 apoyaron que las autoridades detengan personas sospechosas, aunque no haya suficientes pruebas en su contra; 63 de cada 100 suscribieron que “quienes cometen delitos graves son menos humanos que los ciudadanos que cumplen la ley”; y 67 de cada 100 afirmaron que les parecía aceptable el encarcelamiento masivo de personas en comunidades controladas por pandillas como única forma de mejorar la situación del país. Estos resultados alarman y obligan a ahondar en las causas de que gran parte de la población admita la tortura como método válido para obtener información, afirme que los privados de libertad carecen de derechos, respalde la detención arbitraria y masiva de personas, y considere que ciertos delincuentes tienen una condición humana inferior. También es pertinente preguntarse qué implicaciones tiene el fomento de este tipo de posturas. Promover la aplicación de medidas brutales contra la delincuencia distrae de la necesidad de abordar integralmente la problemática, contemplando medidas no solo represivas, sino también de prevención, control y rehabilitación. Asimismo, es necesario aclarar quiénes se benefician de insistir en que el castigo severo es la única vía eficaz para vivir en un país seguro; una insistencia que lleva a perder de vista que no se están frenando otros procesos que generan inseguridad, como la exclusión económica y social de amplios sectores de la población. Además, es evidente que los abusos que suelen acompañar a las políticas de mano dura por lo general no afectan a los ciudadanos que gozan de una situación socioeconómica favorable, sino a aquellos que forman parte de los sectores más empobrecidos del país, como se ha evidenciado durante el régimen de excepción. Preocupa que en un momento en que la seguridad ciudadana es mucho mayor que en el pasado, haya tanto respaldo al uso excesivo e indiscriminado de la fuerza en labores de seguridad. Esta tolerancia supone un riesgo particular en la coyuntura política actual: que la represión ya no solo se dirija contra personas y grupos considerados criminales, sino también contra quienes se califique de problemáticos o peligrosos por incomodar o desafiar al poder.
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  • Dulce para tragar medicina amarga
    Feb 20 2026
    El espectáculo de “la residencia de la Loba” fue reflejo fiel de la realidad nacional. Diversión para las masas e intimidación militar para los inquietos. Sin diversión, la miseria de la vida diaria de esas mayorías sería aún más insoportable y podría poner en peligro la estabilidad del régimen. El despliegue militar es aviso para revoltosos. Indudablemente, la concentración de multitudes demanda medidas básicas de seguridad, tanto para conciertos como para el futbol. Sin embargo, esa tarea no es competencia del ejército. En los medios se encuentran ejemplos abundantes de ello en países supuestamente mucho menos seguros que El Salvador. Es contradictorio que el cuidado de la multitud en el país más seguro del mundo requiera de un despliegue militar grandioso. El motivo no es garantizar la vida de la fanaticada, sino la necesidad irresistible del régimen de excepción de aprovechar la concentración de los amantes de la música para mostrar su cara más auténtica, sin remordimientos ni vergüenza. Si multitudes descontentas llegaran a tomarse las calles y plazas, esas mismas fuerzas que brindaron “seguridad” les dispararán sin contemplaciones. El país está militarizado y la diversión también. Y es que la diversión por atractiva que sea no pone comida en la mesa, ni ofrece empleos dignos, ni garantiza salud, educación y pensiones aceptables. Irónicamente, durante la semana de residencia de la Loba, circularon millones de dólares, en gran parte de fuera. Sin embargo, “el derrame económico”, como el oficialismo ha dado en llamar al negocio del espectáculo, no alcanzó a llegar a los confines de la sociedad. La Loba facturó más de seis millones a su paso por el país. La productora del espectáculo hizo un jugoso negocio. Las empresas de transporte, hostería y restauración, y el comercio tuvieron una semana excepcional. Las masas también participaron de la fiesta gracias a los pases de cortesía y el transporte facilitados por el Gobierno. Así, llenaron los graderíos de la sección general, mientras que los funcionarios, también con pases gratis, ocuparon la zona VIP. El lleno total de los cinco conciertos ha sido exhibido como prueba irrebatible de la aceptación general del régimen. Este también acumuló capital político. Usó el paso de la Loba para convertir los conciertos en actos de intensa propaganda. Decoró espacios públicos, desplegó abundante publicidad, proporcionó fuerza de trabajo cautiva y dio toda clase de facilidades. El espectáculo fue cuidadosamente concebido e impecablemente ejecutado. La nutrida concurrencia de turistas centroamericanos, entusiasmada, se deshizo en expresiones de admiración y reconocimiento al régimen de excepción. Las redes digitales se encargaron de multiplicar los elogios en la región. Una dictadura como la de Bukele es buena. El abultado aporte gubernamental está, pues, justificado. El régimen de excepción exhibió músculo dentro y fuera del país, confirmó a los convencidos, tal vez atrajo a algunos escépticos y previno a los díscolos. Pero la Loba se mantuvo al margen. Guardó distancia del régimen y de Bukele. No residió en el país ni se dejó ver en los lugares emblemáticos de la dictadura. No visitó el despacho presidencial. No hubo sesión de fotografías. Esta frialdad contrasta con la intensa interacción con la multitud. El desplante ha sido silenciado. El régimen se conformó con las ganancias políticas. Muy distinta fue la reacción ante Honduras, que, inesperadamente, en medio de la fiesta, dio una nota discordante al deslegitimar la universalidad del modelo de Bukele. El ministro de seguridad hondureño lo desechó por no ajustarse a las condiciones territoriales, demográficas, sociopolíticas e institucionales de su país, y por violar los derechos humanos. A juzgar por la reacción, Bukele pretende que su modelo sea adoptado por el mundo mundial. Reclama independencia absoluta para sí, pero demanda seguimiento a los demás. Desde Roma, León XIV lanzó otra nota disonante; en concreto, para quienes se declaran creyentes, rezan en público y dicen dar gloria a Dios. En su alocución a la Academia Pontificia para la Vida denunció que no todas las vidas son iguales ni respetadas. La salud y la educación no son promovidas ni protegidas de la misma manera para todos. Afirmar lo contrario, dijo, “es hipócrita si ignoramos simultáneamente las causas estructurales y las decisiones operativas que determinan las desigualdades”. Diversiones como la de la Loba ocultan la realidad. Generan conformidad y, sobre todo, suscitan agradecimiento profundo. Hacen olvidar, al menos por un rato, las penurias de la vida diaria. Y persuaden de que la dictadura es la mejor opción. La aceptación indefinida y el voto que la ratifica parecen asegurados. El régimen dispone ahora de un valioso capital político que puede invertir confiadamente en la anunciada, y temida, reforma del sistema de ...
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  • Violencia e inseguridad en una sociedad atrapada en la inmediatez
    Feb 18 2026
    La discusión sobre la violencia y la inseguridad en El Salvador ha estado marcada, de forma persistente, por respuestas inmediatistas y muy visibles mediáticamente, a costa de propuestas de fondo y sostenibles. Más que tratarse de una falta de acciones, el problema radica en una ausencia de enfoques integrales de política pública capaces de atender causas estructurales, no solo efectos. Esta ausencia de enfoques integrales define prioridades, moldea la institucionalidad y revela la idea de justicia que guía la acción del Estado. Durante los años de la guerra civil, en medio de la destrucción y la zozobra, diversas organizaciones nacionales e internacionales impulsaron esfuerzos para proteger la vida, la integridad personal y la cohesión social. Muchas de esas experiencias y aprendizajes, sin embargo, no lograron convertirse en políticas estatales permanentes tras la firma de los Acuerdos de Paz. El fin del conflicto armado no eliminó la violencia: dio paso a nuevas expresiones de exclusión social, debilidad institucional y desigualdad, que exigían respuestas complejas y sostenidas. Desde la posguerra, las políticas de seguridad han transitado por distintos modelos, pero con un rasgo dominante: la centralidad de la respuesta punitiva. Perseguir y sancionar el delito es una función esencial del Estado, pero convertirla en el eje casi exclusivo de la estrategia limita su efectividad. Cuando la intervención pública se concentra en los efectos más visibles y urgentes —y no en los factores que producen y reproducen la violencia, la precariedad de oportunidades, la fragmentación comunitaria y la fragilidad institucional—, los resultados pueden ser rápidos, pero difícilmente duraderos. Un componente clave que ha estado siempre orillado es la participación ciudadana en el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de las políticas de seguridad. No basta con invocarla de forma declarativa: requiere acceso a información pública, organización y canales reales y eficaces de incidencia. Sin estos elementos, la participación se vuelve simbólica. Fortalecer la cultura cívica y la capacidad de propuesta de la ciudadanía es condición necesaria para mejorar la calidad de la gestión y las decisiones públicas. La lógica de la inmediatez también reduce el espacio para el análisis técnico y el debate informado. Las medidas de alto impacto comunicacional suelen generar respaldo rápido y percepción de eficacia, pero al mismo tiempo pueden estrechar la tolerancia a la crítica. Cuando el cuestionamiento técnico o de derechos humanos se interpreta automáticamente como oposición o complicidad con el delito, se debilita uno de los mecanismos más importantes de mejora de la política pública: la contraloría social y la revisión crítica. Este panorama conduce a una pregunta de fondo: ¿qué modelo de justicia orienta la política de seguridad? Ha predominado una visión principalmente penal, mientras enfoques complementarios como la justicia restaurativa (orientada a la reparación del daño, la reintegración social y la reconstrucción del vínculo comunitario) han tenido menos desarrollo normativo y operativo. No se trata de sustituir la sanción, sino de ampliarla con herramientas que contribuyan a reducir la reincidencia y fortalecer la convivencia social. Asimismo, cualquier evaluación seria de la seguridad debe observar el cuadro completo. La mejora de determinados indicadores no elimina la persistencia de problemas estructurales como la marginación, la corrupción, la presión sobre los recursos naturales, la militarización de ámbitos civiles y el debilitamiento de políticas sociales en salud, educación, vivienda, previsión social y empleo digno. Ignorar estas dimensiones puede generar una sensación de resolución que no necesariamente equivale a soluciones de fondo. Superar la trampa de la inmediatez no significa renunciar a respuestas urgentes, sino integrarlas en estrategias de largo plazo, con sustento técnico, presupuestario y ético. La seguridad sostenible no se mide solo por la reducción del delito en el corto plazo, sino por la capacidad de una sociedad para disminuir y prevenir las condiciones que lo generan. Apostar por políticas integrales, participación informada y debate público abierto es, en última instancia, una inversión en democracia, en justicia y en paz social duraderas.
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  • Costos y riesgos de la ineficiencia
    Feb 13 2026
    Rodolfo Cardenal 12/02/2026 La popularidad de Bukele tiene vida útil limitada. La transformación repentina del país es casi imposible a corto y mediano plazo. El territorio es pequeño, no dispone de petróleo ni de tierras raras, el medioambiente está devastado y las finanzas públicas bordean la ruina. Las políticas actuales difícilmente pueden superar esos obstáculos. En el momento menos pensado, el desgaste político y social obligará a reconfigurar el poder. No necesariamente con criterios democráticos. La experiencia de la posguerra es aleccionadora. El desgaste es real, aunque imperceptible para la mayoría confiada en que el rumbo del país es correcto. El deterioro se observa en el sistema educativo y sanitario, según Fudecen, una fundación especializada en el desarrollo regional. El aumento sostenido del gasto en ambos sistemas es innegable, pero no ha redundado en un mejor servicio. Por tanto, el problema no es la inversión, sino la eficiencia. En esto, como en otras áreas, El Salvador muestra un notable retraso en relación con los otros países de la región. En educación, la distribución de los recursos y la política educativa son ineficientes. En la última década, se redujo la inversión en educación básica para privilegiar programas como Mi Nueva Escuela y su administración. Además, la mayor parte del presupuesto está destinada a salarios, lo cual limita invertir en materiales didácticos o en la alimentación de los estudiantes. La propaganda oficial, muy agitada con el comienzo del año escolar, dice otra cosa. Pero el bajo nivel del aprendizaje es indiscutible. La ineficiencia del sistema educativo es clara en el campo tecnológico. El capital digital y el acceso a internet son relativamente altos. Sin embargo, no se usan eficazmente en el proceso de aprendizaje. El acceso a la tecnología no redunda en una educación de calidad. No se trata solo de comprar dispositivos, equipos y plataformas, sino también de integrarlos en el proceso de aprendizaje, de capacitar a los docentes y de actualizar los programas a partir de la evidencia y las mejores prácticas internacionales. En salud ocurre algo parecido. El gasto ha aumentado desde 2017, pero no se refleja en los servicios sanitarios ni en indicadores como la esperanza de vida saludable. El país tiene el sistema más ineficiente de la región, en parte, por la mala asignación del gasto, concentrado en la atención hospitalaria. Mucho más eficaz sería orientarlo a la prevención, la vacunación y la atención primaria, lo cual no requiere aumentar el presupuesto actual. Es una cuestión de eficiencia administrativa. También en el sistema sanitario tiene dificultades para integrar y aprovechar el cambio tecnológico, lo cual incide en su baja productividad. La inversión en tecnología ha aumentado, pero el sistema no ha podido asumirla eficientemente. Si bien la productividad ha caído en todos los sistemas de la región, el salvadoreño combina el rezago tecnológico con la ineficiencia estructural crónica, lo cual profundiza sus debilidades. Así, pues, el problema no es la cantidad de dinero asignada a educación y salud, sino en cómo se usa, cuáles son las prioridades y cómo se decide en qué gastar. En educación, el gasto no incide de forma clara en el aprendizaje, pues no llega a las aulas. Se pierde en la estructura administrativa. En salud, el patrón es similar. El gasto se concentra en la atención hospitalaria, quizás por ser más vistosa, pero el impacto de la prevención, la vacunación y la atención primaria es mucho mayor a largo plazo. Una publicidad inteligente puede destacarlo. Estos datos indican que, suponiendo la existencia de buena voluntad, los responsables de la educación y la salud no están capacitados para desempeñar las responsabilidades asignadas. La inversión óptima requiere organización ágil y uso eficiente de los recursos, incluida la rendición de cuentas. Pero la prioridad del régimen es conservar el poder. Ha sacrificado la eficiencia, inseparable del pensamiento independiente y crítico, en aras de la lealtad incondicional, pese a los elevados costos para la población. La visión de la realidad nacional es cortoplacista y miope. La aceptación de Bukele está amenazada permanentemente por la ineficiencia de su gestión, aun cuando la lealtad sumisa de sus colaboradores hipoteca su futuro a mediano y largo plazo. Cuando la diversión ya no haga tolerable el peso creciente de la pobreza y la exclusión, y cuando los sectores empobrecidos y descartados pierdan el miedo al régimen de excepción, como en el Irán actual, los estallidos de descontento popular pondrán en entredicho la viabilidad de la dictadura familiar. Entonces, el poder que la sostiene deberá decidir si la reemplaza. No por ética política ni por amor al pueblo, sino por su disfuncionalidad. En ese momento, el relato actual cambiará. Los que hoy la aceptan ciegamente, así como lo hicieron...
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    7 min
  • La desaparición forzada de migrantes
    Feb 11 2026
    La desaparición de migrantes no es, lamentablemente, algo nuevo ni exclusivo de El Salvador. Históricamente ha sido uno de los más graves riesgos a los que se enfrentan todas aquellas personas que, obligados por diversos factores como la inseguridad y la falta de oportunidades, deciden emigrar de su país, de su hogar, en búsqueda de mejores oportunidades para ellos y sus familias. La desaparición de migrantes en el tránsito hacia el norte, es una grave violación de derechos humanos que es resultado tanto de la acción directa del crimen organizado, y en muchos casos de los actores estatales, así como de la negligencia de los estados de la región en proteger la dignidad y los derechos de nuestros migrantes. Organizaciones sociales y personas defensoras de derechos humanos han trabajado por años para dar respuesta al grave sufrimiento de las familias que quedan. En El Salvador, organizaciones como COFAMIDE han acompañado a las víctimas y han promovido respuestas integrales y estructurales a este problema, sin que este se haya solucionado debido al insuficiente interés de los gobernantes de turno. Por si esto fuera poco, lastimosamente, un grupo de salvadoreños migrantes han padecido otras violaciones de derechos humanos en 2025: la desaparición forzada de corta duración y la detención arbitraria durante el retorno-deportación. Como es sabido, entre marzo y abril del 2025, unos 288 migrantes venezolanos y salvadoreños fueron deportados a El Salvador y privados de libertad en el CECOT, acusados de pertenecer a estructuras del crimen organizado como el Tren de Aragua y la MS-13. Aunque los 252 migrantes venezolanos fueron repatriados a su país de origen en julio de ese año, no hubo información sobre el paradero o el proceso que se les aplicaría a más de 30 salvadoreños deportados en esos mismos vuelos. Según algunos testimonios de los que salieron, los salvadoreños también fueron trasladados a otros centros penales, pero sin informarle a las familias de estos traslados y sometiéndoles un régimen de incomunicación con sus familias. Posteriormente, entre octubre de 2025 y enero de 2026, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió medidas cautelares a favor de cinco de estos migrantes salvadoreños. En el marco de este proceso, el Estado Salvadoreño informó a la Comisión que ellos se encuentran privados de libertad en las cárceles salvadoreñas, pero sin corroborar qué tipo de acusaciones enfrentan en el sistema penal. Es decir, ha sido necesario que un organismo internacional solicite información al Estado para que la familia pueda tener una mínima idea sobre el paradero de su familiar. Sin embargo, no han sido suficientes las pesquisas de la Comisión para que se esclarezca la situación jurídica de dichos migrantes. Sin acusación formal, sin investigaciones, incomunicados, mezclados con otros privados de libertad, los migrantes detenidos arbitrariamente, a juicio de la comisión, “se hallan en una situación de gravedad y urgencia de sufrir un daño irreparable a sus derechos”. Ante este escenario parece que ellos no podrán gozar de los beneficios del Plan Nacional de Reintegración para Personas Retornadas 2025–2029 del Gobierno, todo parece indicar que ellos deberán padecer las arbitrariedades del Régimen de Excepción. Jorge Rodríguez, Coordinador nacional del Servicio Jesuita para Migrantes.
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  • Violencia e inseguridad en una sociedad atrapada en la inmediatez
    Feb 11 2026
    La discusión sobre la violencia y la inseguridad en El Salvador ha estado marcada, de forma persistente, por respuestas inmediatistas y muy visibles mediáticamente, a costa de propuestas de fondo y sostenibles. Más que tratarse de una falta de acciones, el problema radica en una ausencia de enfoques integrales de política pública capaces de atender causas estructurales, no solo efectos. Esta ausencia de enfoques integrales define prioridades, moldea la institucionalidad y revela la idea de justicia que guía la acción del Estado. Durante los años de la guerra civil, en medio de la destrucción y la zozobra, diversas organizaciones nacionales e internacionales impulsaron esfuerzos para proteger la vida, la integridad personal y la cohesión social. Muchas de esas experiencias y aprendizajes, sin embargo, no lograron convertirse en políticas estatales permanentes tras la firma de los Acuerdos de Paz. El fin del conflicto armado no eliminó la violencia: dio paso a nuevas expresiones de exclusión social, debilidad institucional y desigualdad, que exigían respuestas complejas y sostenidas. Desde la posguerra, las políticas de seguridad han transitado por distintos modelos, pero con un rasgo dominante: la centralidad de la respuesta punitiva. Perseguir y sancionar el delito es una función esencial del Estado, pero convertirla en el eje casi exclusivo de la estrategia limita su efectividad. Cuando la intervención pública se concentra en los efectos más visibles y urgentes —y no en los factores que producen y reproducen la violencia, la precariedad de oportunidades, la fragmentación comunitaria y la fragilidad institucional—, los resultados pueden ser rápidos, pero difícilmente duraderos. Un componente clave que ha estado siempre orillado es la participación ciudadana en el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de las políticas de seguridad. No basta con invocarla de forma declarativa: requiere acceso a información pública, organización y canales reales y eficaces de incidencia. Sin estos elementos, la participación se vuelve simbólica. Fortalecer la cultura cívica y la capacidad de propuesta de la ciudadanía es condición necesaria para mejorar la calidad de la gestión y las decisiones públicas. La lógica de la inmediatez también reduce el espacio para el análisis técnico y el debate informado. Las medidas de alto impacto comunicacional suelen generar respaldo rápido y percepción de eficacia, pero al mismo tiempo pueden estrechar la tolerancia a la crítica. Cuando el cuestionamiento técnico o de derechos humanos se interpreta automáticamente como oposición o complicidad con el delito, se debilita uno de los mecanismos más importantes de mejora de la política pública: la contraloría social y la revisión crítica. Este panorama conduce a una pregunta de fondo: ¿qué modelo de justicia orienta la política de seguridad? Ha predominado una visión principalmente penal, mientras enfoques complementarios como la justicia restaurativa (orientada a la reparación del daño, la reintegración social y la reconstrucción del vínculo comunitario) han tenido menos desarrollo normativo y operativo. No se trata de sustituir la sanción, sino de ampliarla con herramientas que contribuyan a reducir la reincidencia y fortalecer la convivencia social. Asimismo, cualquier evaluación seria de la seguridad debe observar el cuadro completo. La mejora de determinados indicadores no elimina la persistencia de problemas estructurales como la marginación, la corrupción, la presión sobre los recursos naturales, la militarización de ámbitos civiles y el debilitamiento de políticas sociales en salud, educación, vivienda, previsión social y empleo digno. Ignorar estas dimensiones puede generar una sensación de resolución que no necesariamente equivale a soluciones de fondo. Superar la trampa de la inmediatez no significa renunciar a respuestas urgentes, sino integrarlas en estrategias de largo plazo, con sustento técnico, presupuestario y ético. La seguridad sostenible no se mide solo por la reducción del delito en el corto plazo, sino por la capacidad de una sociedad para disminuir y prevenir las condiciones que lo generan. Apostar por políticas integrales, participación informada y debate público abierto es, en última instancia, una inversión en democracia, en justicia y en paz social duraderas.
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    8 min
  • Un modelo que va para largo
    Feb 11 2026
    La más reciente encuesta del el Instituto de opinión pública de la UCA muestra resultados tan desalentadores para el país como positivos para Nayib Bukele, cuya figura sigue gozando de buena salud y envidiables cotas de popularidad. Los resultados de la encuesta son curiosos por donde se los vea. Hay quejas importantes: nueve de cada diez salvadoreños expresan que el costo de vida está estancado o empeoró, además de expresar que un familiar se ha visto en la necesidad de abandonar sus estudios; ocho de cada diez creen que el desempleo se mantiene en las mismas condiciones o ha aumentado; y según la mayoría de la población, el aumento al salario mínimo es poco o nada beneficioso, señalando buena parte de los encuestados que todo está más caro. A todo esto debe sumarse que entre las instituciones que generan menos confianza destaca la Asamblea Legislativa, un órgano orgullosamente servil a la voluntad del presidente de la República, solo superada en su impopularidad por las alcaldías controladas en su mayoría por el partido de Bukele. Ahora bien, nada de lo anterior parece importar. El desempeño o la nota de Bukele es de un sólido 8.39, superior a la del año pasado y la segunda mejor desde el año 2020, solo superada por el 8.54 de 2023. La alta confianza hacia la labor del mandatario es inédita como fenómeno político, un espaldarazo que se ha prologando como nunca antes en nuestro país desde la firma de los Acuerdos de Paz. El éxito de Bukele se debe, sin lugar a duda, a su gestión en materia de seguridad. El 62.7% de los encuestados manifestó que lo mejor que está sucediendo en el país es la seguridad, lo que posiblemente explica que el 70.3% de la población sienta “esperanza” y no “temor”. Este hito en seguridad no puede desconectarse del régimen de excepción, mediante el cual se ha detenido a decenas de miles de salvadoreños, muchos de ellos pandilleros, pero también personas inocentes. Esta es la filosofía del régimen: detener al pandillero, al que parezca pandillero, al que acusen de pandillero y al que esté cerca de todos los anteriores. Buena parte de la población parece intuir esta malévola filosofía, y de ahí que cinco de cada diez salvadoreños sostengan que las personas detenidas deberían ser liberadas o no estar en prisión. Pero esta no es la mayor contradicción, pues si analizamos con detenimiento las condiciones que sostienen al popular Bukele o a su régimen de excepción, descubrimos que son las mismas que vuelven inviable y peligroso dicho poder: un control férreo sobre el ejército, dominio absoluto de la Asamblea Legislativa, anulación del sistema judicial, nulo respeto a los derechos humanos y a las obligaciones mínimas de rendición de cuentas. Un nefasto sistema protegido por un discurso agresivo y divisorio, donde no cabe el disenso o la pregunta, y en el que las exigencias por transparencia, derechos humanos o diálogo son propias de mareros, de los “mismos de siempre”, del “gorgojo”, del enemigo o de la “oposición”. Esta es la tragedia final del modelo Bukele: mientras más pule las condiciones de su permanencia y popularidad, más se condena al fracaso. El país necesita urgentemente diálogo, creatividad, educación, transparencia y respeto a los derechos humanos. Pero el actual modelo no conoce estas palabras, solo sabe de violencia, administra lo que quiere y da cuenta de lo que desea. No hay más voces o protagonistas que una o dos personas, y tampoco hay controles, límites o rendición de cuentas. ¿Qué potencia del primer mundo o país con alto nivel de desarrollo ha crecido en semejante aridez? Por lo que arrojan las cifras y los hechos, el modelo Bukele va para rato. Tal como sucede en la mente de un niño que cree que el mundo gira en torno a su figura infantil, el modelo Bukele seguirá girando para pocas personas, siempre enredado en su tragedia fatal: ser tan perjudicial para las grandes mayorías populares como efectivo para maximizar la popularidad y permanencia en el poder de una sola persona. * Oswaldo Feusier, académico del Departamento de Ciencias Jurídicas.
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  • Violencia y criminalidad
    Feb 11 2026
    La violencia y la criminalidad están directamente relacionadas con una economía que no proporciona los medios para una vida digna. La encuesta del Iudop registra que la mayoría percibe la precariedad de su economía familiar como el problema mayor. Una opción es resignarse. Otra es emigrar. Dos de cada diez salvadoreños, según la misma encuesta, desean hacer vida en el norte. Prefieren correr los riesgos del viaje a sobrevivir malamente. Y la tercera es delinquir. Está comprobado que la dureza del castigo no detiene la comisión del crimen. Las remesas, que crecieron más del 17 por ciento el año pasado, hacen llevadera la precariedad de sus receptores, pero al mismo tiempo han creado nuevas desigualdades entre las familias beneficiadas y las excluidas, y nuevos patrones de consumo que agudizan las desigualdades existentes. Sin pretenderlo, han fragmentado y despolitizado a la ciudadanía. Probablemente el crecimiento de las remesas es consecuencia de la amenaza que se cierne sobre los inmigrantes, a quienes la embajadora salvadoreña se niega a defender por considerar que su permanencia en Estados Unidos es decisión soberana de Trump. Olvida que ella misma declaró que Bukele fue tajante al demandar la deportación de los líderes de las pandillas. Asimismo, Bukele negoció la suspensión de los aranceles, medida que favorece a las empresas exportadoras, pero no la seguridad de los inmigrantes, entre quienes sus legisladores buscan votos y dólares. La “modernización” de la economía de la posguerra, impulsada por el capital y sus políticos, contribuyó, en gran medida, a consolidar la pobreza y la desigualdad heredadas de las décadas anteriores a la guerra. En nombre de la prosperidad, liberalizaron el comercio, desregularon la economía e incentivaron la inversión reduciendo impuestos. El neoliberalismo abandonó la agroexportación y se concentró en los servicios, las finanzas y la construcción, lo cual provocó la emigración masiva del campo a la ciudad y al exterior. Las ciudades concentraron los desafíos y las oportunidades, y fueron escenario de una competencia feroz y violenta por la sobrevivencia. Una masa demográfica crítica de jóvenes encontró en la pandilla una salida. Los neoliberales pregonaron que la desregulación, el recorte acusado de los impuestos y mayor libertad para el capital traerían bonanza. El capital se ocuparía del bienestar general. Un argumento absurdo, porque quienes prosperaban obscena y escandalosamente con el nuevo orden redistribuirían la riqueza nacional de una forma inequitativa. Todos los gobernantes de la posguerra sin excepción, los neoliberales de la primera hora y los de nuevo cuño, y los revolucionarios, han conservado el ordenamiento neoliberal, pese a generar descontento, criminalidad y violencia. El papa Francisco decía que esa forma de capitalismo mata. El Estado indiferente al bienestar general carece de ciudadanía. La lucha por la sobrevivencia diaria, en un medio cargado de diversas amenazas, imposibilita el surgimiento de una ciudadanía activa y creativa, indispensable para el desarrollo de la democracia. Esta realidad explica el surgimiento y la aceptación de la dictadura. El Iudop registró que la mayoría de la población no se identifica con ningún partido político, ni siquiera con el oficial, pero sí con Bukele. La mano dura de la dictadura es así la opción obvia para unas mayorías frustradas y temerosas de males mayores. Las fuerzas de seguridad militarizadas explotan sus miedos como estrategia política. Sin ellas, los pandilleros retornarían. Ellas son las únicas que pueden garantizar su desaparición. Esta estrategia política ofrece protección contra este temido “enemigo”, donde no solo figuran pandilleros, sino también decenas de miles que no lo son. En efecto, “en menos de una década”, Bukele pondrá en libertad a unos 75,000 de los 107,055 prisioneros actuales. Al conceder libertad total a las fuerzas de seguridad para hacer uso de la violencia extrema, las mayorías se vuelven autoritarias. Aceptan sin más que, como dijo un alto funcionario, capturar solo a los criminales “no tiene gracia”. El Salvador es así una democracia sin ciudadanía, donde las elecciones son absurdas. Por eso, el modelo de Bukele resulta incompatible con la institucionalidad democrática, tal como señaló varias veces el presidente electo de Chile. En realidad, la seguridad de Bukele protege los intereses de los poderosos de siempre. Derrotó a un grupo criminal grande e importante, pero no ha capturado a todos los delincuentes. La economía criminal incrustada en los sectores público y privado goza de buena salud. Los poderosos sacan buen provecho de la debilidad del Estado. Desde esta perspectiva, las pandillas son una construcción ideológica exitosa. Los poderosos cuentan con el uso de la violencia extrema para prevalecer. Consciente de ello, León XIV, en el mensaje para la Jornada de la Paz, ...
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