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 Editoriales y Opiniones de la UCA que se emiten vía YSUCA, 91.7FM y en línea www.ysuca.org.sv. Con temas de realidad nacional e internacional© 2026 Radio YSUCA Politica e governo Scienze politiche
Episodi
  • Respaldo ciudadano a la represión

    Respaldo ciudadano a la represión
    Feb 24 2026
    Ya sea por intuición, por vivencias personales o por una reflexión cuidadosa, las personas suelen tener una postura sobre cuándo es razonable o no el trato que los cuerpos de seguridad dan a las personas en conflicto con la ley o a sospechosos de haber cometido ilícitos. En el caso de El Salvador, dado el cansancio crónico ante la violencia, la criminalidad y la impunidad, las estrategias de seguridad pública altamente represivas de anteriores Gobiernos (como las políticas de mano dura, súper mano dura y las medidas extraordinarias de seguridad) fueron bien vistas por buena parte de los ciudadanos. ¿Son también populares estas acciones en el presente, en un momento en que la narrativa oficial declara que el nuestro es ahora uno de los países más seguros del mundo? Ese fue uno de los aspectos sobre los que se indagó en un reciente estudio sobre cultura democrática realizado por la UCA, el cual exploró, entre otros temas, la opinión de la ciudadanía ante frases que reflejan una preferencia por medidas drásticas contra delincuentes y personas sospechosas de serlo, incluso si dichas acciones vulneran derechos básicos. En dicho estudio, 36 de cada 100 salvadoreños dijeron estar de acuerdo con que las autoridades torturen a los sospechosos para obtener información; a 39 de cada 100 les parece aceptable que las personas detenidas en las cárceles pierdan todos sus derechos; 41 de cada 100 apoyaron que las autoridades detengan personas sospechosas, aunque no haya suficientes pruebas en su contra; 63 de cada 100 suscribieron que “quienes cometen delitos graves son menos humanos que los ciudadanos que cumplen la ley”; y 67 de cada 100 afirmaron que les parecía aceptable el encarcelamiento masivo de personas en comunidades controladas por pandillas como única forma de mejorar la situación del país. Estos resultados alarman y obligan a ahondar en las causas de que gran parte de la población admita la tortura como método válido para obtener información, afirme que los privados de libertad carecen de derechos, respalde la detención arbitraria y masiva de personas, y considere que ciertos delincuentes tienen una condición humana inferior. También es pertinente preguntarse qué implicaciones tiene el fomento de este tipo de posturas. Promover la aplicación de medidas brutales contra la delincuencia distrae de la necesidad de abordar integralmente la problemática, contemplando medidas no solo represivas, sino también de prevención, control y rehabilitación. Asimismo, es necesario aclarar quiénes se benefician de insistir en que el castigo severo es la única vía eficaz para vivir en un país seguro; una insistencia que lleva a perder de vista que no se están frenando otros procesos que generan inseguridad, como la exclusión económica y social de amplios sectores de la población. Además, es evidente que los abusos que suelen acompañar a las políticas de mano dura por lo general no afectan a los ciudadanos que gozan de una situación socioeconómica favorable, sino a aquellos que forman parte de los sectores más empobrecidos del país, como se ha evidenciado durante el régimen de excepción. Preocupa que en un momento en que la seguridad ciudadana es mucho mayor que en el pasado, haya tanto respaldo al uso excesivo e indiscriminado de la fuerza en labores de seguridad. Esta tolerancia supone un riesgo particular en la coyuntura política actual: que la represión ya no solo se dirija contra personas y grupos considerados criminales, sino también contra quienes se califique de problemáticos o peligrosos por incomodar o desafiar al poder.
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  • Dulce para tragar medicina amarga

    Dulce para tragar medicina amarga
    Feb 20 2026
    El espectáculo de “la residencia de la Loba” fue reflejo fiel de la realidad nacional. Diversión para las masas e intimidación militar para los inquietos. Sin diversión, la miseria de la vida diaria de esas mayorías sería aún más insoportable y podría poner en peligro la estabilidad del régimen. El despliegue militar es aviso para revoltosos. Indudablemente, la concentración de multitudes demanda medidas básicas de seguridad, tanto para conciertos como para el futbol. Sin embargo, esa tarea no es competencia del ejército. En los medios se encuentran ejemplos abundantes de ello en países supuestamente mucho menos seguros que El Salvador. Es contradictorio que el cuidado de la multitud en el país más seguro del mundo requiera de un despliegue militar grandioso. El motivo no es garantizar la vida de la fanaticada, sino la necesidad irresistible del régimen de excepción de aprovechar la concentración de los amantes de la música para mostrar su cara más auténtica, sin remordimientos ni vergüenza. Si multitudes descontentas llegaran a tomarse las calles y plazas, esas mismas fuerzas que brindaron “seguridad” les dispararán sin contemplaciones. El país está militarizado y la diversión también. Y es que la diversión por atractiva que sea no pone comida en la mesa, ni ofrece empleos dignos, ni garantiza salud, educación y pensiones aceptables. Irónicamente, durante la semana de residencia de la Loba, circularon millones de dólares, en gran parte de fuera. Sin embargo, “el derrame económico”, como el oficialismo ha dado en llamar al negocio del espectáculo, no alcanzó a llegar a los confines de la sociedad. La Loba facturó más de seis millones a su paso por el país. La productora del espectáculo hizo un jugoso negocio. Las empresas de transporte, hostería y restauración, y el comercio tuvieron una semana excepcional. Las masas también participaron de la fiesta gracias a los pases de cortesía y el transporte facilitados por el Gobierno. Así, llenaron los graderíos de la sección general, mientras que los funcionarios, también con pases gratis, ocuparon la zona VIP. El lleno total de los cinco conciertos ha sido exhibido como prueba irrebatible de la aceptación general del régimen. Este también acumuló capital político. Usó el paso de la Loba para convertir los conciertos en actos de intensa propaganda. Decoró espacios públicos, desplegó abundante publicidad, proporcionó fuerza de trabajo cautiva y dio toda clase de facilidades. El espectáculo fue cuidadosamente concebido e impecablemente ejecutado. La nutrida concurrencia de turistas centroamericanos, entusiasmada, se deshizo en expresiones de admiración y reconocimiento al régimen de excepción. Las redes digitales se encargaron de multiplicar los elogios en la región. Una dictadura como la de Bukele es buena. El abultado aporte gubernamental está, pues, justificado. El régimen de excepción exhibió músculo dentro y fuera del país, confirmó a los convencidos, tal vez atrajo a algunos escépticos y previno a los díscolos. Pero la Loba se mantuvo al margen. Guardó distancia del régimen y de Bukele. No residió en el país ni se dejó ver en los lugares emblemáticos de la dictadura. No visitó el despacho presidencial. No hubo sesión de fotografías. Esta frialdad contrasta con la intensa interacción con la multitud. El desplante ha sido silenciado. El régimen se conformó con las ganancias políticas. Muy distinta fue la reacción ante Honduras, que, inesperadamente, en medio de la fiesta, dio una nota discordante al deslegitimar la universalidad del modelo de Bukele. El ministro de seguridad hondureño lo desechó por no ajustarse a las condiciones territoriales, demográficas, sociopolíticas e institucionales de su país, y por violar los derechos humanos. A juzgar por la reacción, Bukele pretende que su modelo sea adoptado por el mundo mundial. Reclama independencia absoluta para sí, pero demanda seguimiento a los demás. Desde Roma, León XIV lanzó otra nota disonante; en concreto, para quienes se declaran creyentes, rezan en público y dicen dar gloria a Dios. En su alocución a la Academia Pontificia para la Vida denunció que no todas las vidas son iguales ni respetadas. La salud y la educación no son promovidas ni protegidas de la misma manera para todos. Afirmar lo contrario, dijo, “es hipócrita si ignoramos simultáneamente las causas estructurales y las decisiones operativas que determinan las desigualdades”. Diversiones como la de la Loba ocultan la realidad. Generan conformidad y, sobre todo, suscitan agradecimiento profundo. Hacen olvidar, al menos por un rato, las penurias de la vida diaria. Y persuaden de que la dictadura es la mejor opción. La aceptación indefinida y el voto que la ratifica parecen asegurados. El régimen dispone ahora de un valioso capital político que puede invertir confiadamente en la anunciada, y temida, reforma del sistema de ...
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  • Violencia e inseguridad en una sociedad atrapada en la inmediatez

    Violencia e inseguridad en una sociedad atrapada en la inmediatez
    Feb 18 2026
    La discusión sobre la violencia y la inseguridad en El Salvador ha estado marcada, de forma persistente, por respuestas inmediatistas y muy visibles mediáticamente, a costa de propuestas de fondo y sostenibles. Más que tratarse de una falta de acciones, el problema radica en una ausencia de enfoques integrales de política pública capaces de atender causas estructurales, no solo efectos. Esta ausencia de enfoques integrales define prioridades, moldea la institucionalidad y revela la idea de justicia que guía la acción del Estado. Durante los años de la guerra civil, en medio de la destrucción y la zozobra, diversas organizaciones nacionales e internacionales impulsaron esfuerzos para proteger la vida, la integridad personal y la cohesión social. Muchas de esas experiencias y aprendizajes, sin embargo, no lograron convertirse en políticas estatales permanentes tras la firma de los Acuerdos de Paz. El fin del conflicto armado no eliminó la violencia: dio paso a nuevas expresiones de exclusión social, debilidad institucional y desigualdad, que exigían respuestas complejas y sostenidas. Desde la posguerra, las políticas de seguridad han transitado por distintos modelos, pero con un rasgo dominante: la centralidad de la respuesta punitiva. Perseguir y sancionar el delito es una función esencial del Estado, pero convertirla en el eje casi exclusivo de la estrategia limita su efectividad. Cuando la intervención pública se concentra en los efectos más visibles y urgentes —y no en los factores que producen y reproducen la violencia, la precariedad de oportunidades, la fragmentación comunitaria y la fragilidad institucional—, los resultados pueden ser rápidos, pero difícilmente duraderos. Un componente clave que ha estado siempre orillado es la participación ciudadana en el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de las políticas de seguridad. No basta con invocarla de forma declarativa: requiere acceso a información pública, organización y canales reales y eficaces de incidencia. Sin estos elementos, la participación se vuelve simbólica. Fortalecer la cultura cívica y la capacidad de propuesta de la ciudadanía es condición necesaria para mejorar la calidad de la gestión y las decisiones públicas. La lógica de la inmediatez también reduce el espacio para el análisis técnico y el debate informado. Las medidas de alto impacto comunicacional suelen generar respaldo rápido y percepción de eficacia, pero al mismo tiempo pueden estrechar la tolerancia a la crítica. Cuando el cuestionamiento técnico o de derechos humanos se interpreta automáticamente como oposición o complicidad con el delito, se debilita uno de los mecanismos más importantes de mejora de la política pública: la contraloría social y la revisión crítica. Este panorama conduce a una pregunta de fondo: ¿qué modelo de justicia orienta la política de seguridad? Ha predominado una visión principalmente penal, mientras enfoques complementarios como la justicia restaurativa (orientada a la reparación del daño, la reintegración social y la reconstrucción del vínculo comunitario) han tenido menos desarrollo normativo y operativo. No se trata de sustituir la sanción, sino de ampliarla con herramientas que contribuyan a reducir la reincidencia y fortalecer la convivencia social. Asimismo, cualquier evaluación seria de la seguridad debe observar el cuadro completo. La mejora de determinados indicadores no elimina la persistencia de problemas estructurales como la marginación, la corrupción, la presión sobre los recursos naturales, la militarización de ámbitos civiles y el debilitamiento de políticas sociales en salud, educación, vivienda, previsión social y empleo digno. Ignorar estas dimensiones puede generar una sensación de resolución que no necesariamente equivale a soluciones de fondo. Superar la trampa de la inmediatez no significa renunciar a respuestas urgentes, sino integrarlas en estrategias de largo plazo, con sustento técnico, presupuestario y ético. La seguridad sostenible no se mide solo por la reducción del delito en el corto plazo, sino por la capacidad de una sociedad para disminuir y prevenir las condiciones que lo generan. Apostar por políticas integrales, participación informada y debate público abierto es, en última instancia, una inversión en democracia, en justicia y en paz social duraderas.
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    6 min
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