La inflación interanual en Francia alcanzó el 3,1% en septiembre, muy por encima del objetivo del 2% del Banco Central Europeo. El repunte estuvo impulsado por el aumento de más del 21% en los precios de la energía y del 36,2% en los productos petrolíferos, en un contexto de descontento social por el costo de vida que se ha visto exacerbado por la crisis energética impulsada por los bloqueos en el Estrecho de Ormuz, en el Golfo Pérsico.

La variación de precios al consumidor en septiembre en Estados Unidos no solo fue más alta que la de agosto, sino que se alejó más aún de la meta de la Reserva Federal, que podría tener que verse obligada a seguir subiendo -impopularmente- las tasas de interés.

La próxima reunión de política monetaria de la Reserva Federal (Fed, banco central) está programada para los 27 y 28 de octubre, apenas días antes de las elecciones intermedias de Estados Unidos. Una coincidencia poco conveniente para un Partido Republicano que quiere conservar el control del Congreso.

A esta reunión, los gobernadores de la Fed llegan con una fuerte presión sobre sus hombros para elevar todavía más las tasas de interés si es que quieren verter otro balde de agua fría sobre una inflación que no da muestras de ceder.

El Índice de Precios al Consumidor subió 3,7% anual en septiembre de este año, tres décimas más que en agosto y casi el doble del 2% que considera la Fed como un nivel deseable al que la economía estadounidense no ha logrado llegar en los últimos cinco años.

Para controlar esos picos inflacionarios, la herramienta favorita del Banco Central es elevar los costos de endeudamiento, una medida impopular y muy criticada por el presidente Donald Trump, de la que tuvo que echar mano la Fed en su pasada reunión por primera vez en tres años.

Las tasas de interés más altas a apenas días de los comicios son un bocado difícil de digerir para los votantes. Las más recientes encuestas muestran un mayor deterioro en la confianza del consumidor y una caída en el índice de aprobación de Trump, impulsada por la preocupación por el aumento del costo de vida.

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Una encuesta de Reuters/Ipsos reveló recientemente que cerca del 78% de los estadounidenses atribuye el aumento de los precios, que supera el crecimiento de los salarios, a las políticas del presidente, incluyendo los aranceles y el conflicto en Oriente Medio.

Efectivamente, el origen de este nuevo pico inflacionario está en los productos energéticos, de acuerdo con el informe de este miércoles del Departamento del Trabajo. De él se desprende, por ejemplo, que la gasolina representó más de la mitad del aumento del IPC en términos mensuales.

En la comparación anual, los precios del rubro de “otros combustibles para vehículos”, que incluye el diésel, se dispararon en 60,9% y el combustible de avión más caro hizo que el precio de los tiquetes aumentara en más del 20%.

Los precios de los derivados energéticos se han disparado a medida que el bloqueo casi total del estrecho de Ormuz ha impedido el flujo de una buena parte del petróleo y el gas natural licuado que consume el mundo.

Los datos frescos hicieron que las acciones estadounidenses registraran este miércoles su peor jornada desde julio. El S&P 500 cayó 1,1%, su quinta pérdida en seis días desde que alcanzó su máximo histórico. Y el Nasdaq Composite -con fuerte presencia tecnológica- retrocedió 1,9%, con las acciones del sector de la inteligencia artificial a la cabeza de las pérdidas.

Con Reuters y AP

El Gobierno de Javier Milei solicitó este martes 13 de octubre al Tribunal Internacional del Derecho del Mar medidas contra el proyecto petrolero Sea Lion -de fondos israelíes y británicos- en las islas Malvinas, un territorio controlado por Reino Unido, pero reclamado por el país suramericano.

Del plano nacional, el Gobierno de Argentina ahora se dirige al internacional para intentar frenar la actividad hidrocarburífera en las islas Malvinas, controladas de vieja data por Reino Unido, pero cuya disputa por la soberanía revivió bajo el mandato de Javier Milei.

En una solicitud al Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo, Alemania, el Gobierno de este país pidió medidas para detener el avance de Sea Lion, un proyecto 'offshore' (costa afuera) operado por la israelí Navitas (65%) y la británica Rockhopper (35%),

Este es el primer proyecto petrolero comercial del archipiélago, con el que las compañías pretenden comenzar a extraer crudo en 2028 de la cuenca Malvinas Norte, 200 kilómetros al norte de las islas. Argentina considera "ilegales" los permisos concedidos a las petroleras por el Gobierno local de las islas.

Pero la petición no se limita a este proyecto de 2.200 millones de dólares. El Ejecutivo de Javier Milei busca impedir que Reino Unido saque provecho en general de los recursos de hidrocarburos en la plataforma continental de la Cuenca Norte de las islas Malvinas.

"Argentina ha presentado hoy ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar una solicitud de medidas provisionales para impedir la explotación de hidrocarburos por el Reino Unido en la plataforma continental de la Cuenca Malvinas Norte", informó en un comunicado.

El caso ya había llegado a instancias internacionales el pasado 28 de septiembre a través de un pedido de arbitraje con base en lo establecido en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Argentina dio un plazo de dos semanas al Reino Unido para que tomara medidas para detener el proyecto.

El Tribunal Internacional del Derecho del Mar es el órgano para resolver controversias con base en esa convención.

Tras la acción de Argentina, Uma Kumaran, subsecretaria parlamentaria del Ministerio de Relaciones Exteriores de Reino Unido, se dirigió al Parlamento británico y afirmó que "la actividad comercial legítima en las Islas Malvinas sigue siendo legal, y el gobierno británico respalda a quienes la realizan".

En septiembre pasado, el mandatario argentino ya había presentado un proyecto de ley para endurecer las sanciones contra las empresas que perforan en busca de petróleo frente a las islas, incluyendo estas dos compañías.

La propuesta endurecería las sanciones para las empresas y personas que participen en actividades vinculadas a los recursos naturales en las Malvinas y en el espacio marítimo argentino sin la autorización de las autoridades argentinas.

El nuevo proyecto de ley, que aún debe ser aprobado por el Congreso, busca reformar la legislación de 2011 con un marco más estricto.

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Previamente, el Gobierno de Milei había iniciado procesos administrativos y demandas judiciales en tribunales locales contra las empresas que operan en las islas y sus accionistas, además de enviar decenas de cartas a compañías del sector petrolero de todo el mundo para disuadirlas de operar o ser proveedoras de los proyectos en el archipiélago.

Algunas empresas globales de servicios petroleros con importantes negocios en el país suramericano ya han dicho públicamente que no operarán en Malvinas, incluyendo contratistas que iban a ser parte del proyecto Sea Lion.

Con Reuters, AP y EFE